La cumbre de Granada y el derecho de veto
La cumbre de Granada has sido una oportunidad para demostrar la inmensa diversidad de una Europa que está orgullosa de contar con la Alhambra entre sus monumentos más preciados. Símbolo de esplendor artístico, cultural y tecnológico, el complejo ha recibido el pasado fin de semana a los líderes de la Unión en el marco de la presidencia española, inevitablemente debilitada por la interinidad de un gobierno en funciones, pero aun así consciente de los retos que debe enfrentar Europa.
Sin embargo, en uno de los momentos más delicados de nuestra historia, no hemos podido exhibir unidad, ni fuerza, ni resolución en uno de los asuntos que ocupan la centralidad de la agenda política europea, la inmigración, cuestión de por si poliédrica y de altísima complejidad de cara al exterior, pero mucho más difícil de abordar sin consenso interno.
En un tiempo marcado por la guerra de Ucrania y ahora, por un nuevo episodio de violencia en el Medio Oriente, Europa no ha sido capaz de pronunciarse sobre una de las principales consecuencias de esta era de conflictos, y no lo ha hecho, una vez más, por el abuso sistemático que hacen del derecho a veto Hungría y Polonia, cuyos gobiernos han emprendido una huida hacia adelante que los aleja cada vez más de los valores democráticos de la Unión.
Esta actitud impide que se pueda plantear una ampliación exitosa sin reformar los tratados, pues dicha ampliación, propuesta desde Bruselas y con un lugar primordial en Granada, podría resultar en una profundización de actitudes como las de Budapest y Varsovia y, por ende, en una mayor paralización de la Unión.
Sabemos que la eliminación del derecho de veto es un tema de debate que suscita opiniones diversas en todo el continente. Este derecho de veto, que otorga a cada Estado miembro la capacidad de bloquear decisiones clave, ha sido una característica fundamental del sistema de toma de decisiones de la UE desde sus inicios pero creemos que su momento hace mucho que ha pasado.
Es por ello por lo que, mientras más y más voces piden la reforma del Tratado de Lisboa, se hace urgente abordar la cuestión de la unanimidad en la toma de decisiones en temas tan delicados como este, y el consecuente derecho a veto que esa exigencia de unanimidad otorga a algunos miembros que están dispuestos a usarlo para minar los valores fundacionales de Europa.
La necesidad de unanimidad en asuntos críticos conduce muchas veces al estancamiento, obstaculizando la capacidad de la UE para abordar desafíos urgentes como el cambio climático, la migración y la economía global; por eso consideramos que la eliminación del derecho de veto fortalecerá la cohesión de la Unión, al evitar que un solo Estado miembro bloquee decisiones, promoviendo una mayor solidaridad y cooperación entre los países miembros, lo que es esencial para abordar cuestiones complejas que requieren una acción conjunta.
Somos conscientes de que la eliminación de este derecho de veto es un tema importante y controvertido que plantea cuestiones fundamentales sobre la eficacia y la cohesión del bloque, pero lo que hemos podido constatar en Granada es que con el derecho a veto Europa se priva de la capacidad de tomar decisiones trascendentales y de mostrar unidad y solidez ante unos desafíos cada vez mayores, no solo en el ámbito de la migración, sino en otros como la seguridad y defensa.
Kevin Febres
Presidente de UEF Madrid
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